Cosecha amarga: segunda parte de la investigación de Le Monde

Cosecha amarga: segunda parte de la investigación de Le Monde

Para salvar el glifosato, la corporación Monsanto ha emprendido un esfuerzo para destruir la agencia contra el cáncer de las Naciones Unidas por cualquier medio posible. Aquí está la segunda parte de una investigación de Le Monde.

Autores  Stéphane Horel, Stéphane Foucart Nov 20, 2017

Traducción al español y adaptación periodística para lavaca.org, Anabel Pomar

Habían prometido que era “más seguro que la sal de mesa”, pero eso estaba en los anuncios. Es el herbicida más utilizado en el mundo. Es el ingrediente principal en su producto estrella, Roundup, la base sobre la cual su empresa ha construido su modelo económico, su riqueza y su reputación. Un producto que ha estado en el mercado por más de 40 años y se convirtió en un best-seller con el desarrollo de semillas genéticamente modificadas llamadas “Roundup Ready”. Es que este producto, el glifosato, podría ser cancerígeno. El 20 de marzo de 2015, Monsanto recibió un gran golpe. Ese día, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) declaró que el glifosato es genotóxico (causa daño en el ADN), cancerígeno para los animales y un “probable cancerígeno” para los humanos. El jurado fue un grupo de 17 expertos experimentados que representaban a 11 nacionalidades diferentes que fueron reunidos por esta agencia oficial de la ONU, que es responsable de establecer un inventario de sustancias cancerígenas y cuyas opiniones científicas sobre la materia han sido autorizadas durante medio siglo. Por lo tanto, no había duda de que este sería también el destino de sus conclusiones sobre el glifosato, publicado en forma de un informe llamado “Monografía 112”.

Una declaración de guerra

A salvo de miradas indiscretas, la furia de la corporación estadounidense cruzó el Atlántico a través de la fibra óptica. Ese mismo día, se envió a Ginebra (Suiza) un mensaje que llevaba el tufillo de una declaración de guerra al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la organización matriz de la IARC. El membrete lucía la famosa pequeña rama verde enmarcada por un rectángulo naranja: el logo de Monsanto. “Entendemos que los participantes de la IARC decidieron descartar docenas de estudios y evaluaciones regulatorias disponibles públicamente que respaldan la conclusión de que el glifosato no representa un riesgo para la salud humana”, escribió el vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales Globales de Monsanto, Philip Miller, acusador.  Entre los puntos que quería discutir en una “reunión urgente” estaban qué “pasos pueden tomarse inmediatamente para rectificar esta revisión y conclusión altamente cuestionable”, los criterios de selección para los expertos, e incluso “una contabilidad de todos los fondos para la clasificación del glifosato por la IARC, incluidos los donantes”. Los roles habían cambiado: ahora era la organización internacional la que tenía que rendir cuentas a la empresa. A lo largo del verano de 2015, CropLife International -la organización de lobby del sector agroquímico del que Monsanto es miembro- se hizo cargo de la intimidación por carta. Intrusivas demandas empujadas por amenazas veladas.

La IARC, un bastión de independencia e integridad

La IARC lo ha visto todo antes. No es la primera vez que es objeto de críticas y ataques, que son proporcionales a la reputación de la agencia. Aunque las evaluaciones de la IARC no tienen ningún valor regulatorio, a veces pueden amenazar grandes intereses comerciales.

El ataque más documentado se refiere al tabaquismo pasivo, que fue evaluado por la IARC a finales de la década de 1990. Pero incluso en el apogeo de las confrontaciones con Big Tobacco, las armas utilizadas eran relativamente dóciles. “He trabajado para la IARC durante 15 años y nunca había visto algo como lo que ha estado sucediendo en los últimos dos años”, confió Kurt Straif, Jefe del Programa de Monografías de la agencia.

Sería difícil hacer que la IARC parezca una agencia controvertida, impugnada dentro de la propia comunidad científica e impulsada por un sesgo “anti industrial”. Para la abrumadora mayoría de los científicos del mundo académico (especialistas en cáncer o investigadores de salud pública), la agencia representa un bastión de independencia e integridad.

“Honestamente, tengo problemas para imaginar una forma más rigurosa y objetiva de proceder hacia revisiones científicas colectivas”, dijo el epidemiólogo Marcel Goldberg, investigador del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM), que ha participado en el trabajo de varias monografías.

Para cada uno de ellos, la IARC reúne a alrededor de 20 investigadores de diferentes países, seleccionados no solo por su experiencia y competencia científica, sino por la ausencia de conflictos de intereses.

Además, la  IARC basa sus opiniones en los estudios publicados en revistas científicas y excluye los estudios confidenciales patrocinados por la industria. Este no es el caso para la mayoría de las agencias reguladoras, que, por el contrario, pueden dar un peso decisivo a los estudios realizados y suministrados por las mismas empresas cuyos productos se están evaluando.

Entre ellos se encuentra la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la agencia oficial de la UE a cargo de evaluar los riesgos relacionados con los plaguicidas.

En otoño de 2015, la Unión Europea debía decidir si renovaría o no su autorización para el glifosato por al menos otra década. Como base para esa decisión, la opinión de la EFSA sobre el glifosato fue muy esperada. Para noviembre, Monsanto podría tomar aliento. Las conclusiones de la EFSA contradijeron a la IARC: la EFSA concluyó que el glifosato no era ni genotóxico ni cancerígeno.

Pero esa bocanada de aire le duró poco a Monsanto.

Ataque contra un científico

Unas semanas más tarde, alrededor de cien científicos criticaron severamente las conclusiones de la EFSA en una revista respetada, considerándolas defectuosas por numerosas irregularidades. Detrás de la iniciativa había un científico de EE. UU. que había ayudado a los científicos que trabajaban en la monografía de la IARC como “especialistas invitados”.

Fue sobre él que los ataques se concentraron.

En los círculos de salud ambiental, Christopher Portier ciertamente no es un don nadie. “He leído aquí y allá que Chris Portier no tiene competencia y es probablemente una de las cosas más ridículas que he escuchado”, dijo Dana Loomis, vice-directora de las monografías de la IARC. “Es él quien desarrolló muchas de las herramientas analíticas que se utilizan en todas partes para interpretar los estudios toxicológicos”. El Sr. Portier es uno de esos científicos cuyo CV no cabe en menos de 30 páginas.

Autor de más de 200 publicaciones científicas, ha sido Director del Centro Nacional de Salud Ambiental en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), director de la Agencia de Estados Unidos sobre Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, director asociado del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) y del Programa Nacional de Toxicología. “Sin duda, es una carrera única”, dijo Robert Barouki, director de una unidad de investigación de toxicología en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM).

Recientemente retirado, Christopher Portier ahora ofrece su competencia como experto y asesor de varias organizaciones internacionales, incluido el Environmental Defense Fund (EDF), una ONG de protección ambiental de los EE. UU.

Y es este hombre el que se convertiría en el objetivo de un ataque…

El 18 de abril de 2016, la agencia de noticias Reuters publicó un extenso artículo sobre la IARC en el que se describía a la agencia como una agencia “semiautónoma” de la OMS culpable de “confundir a los consumidores”.

El artículo se refería a “preocupaciones sobre conflictos de intereses potenciales en la IARC: involucra a un asesor de la agencia que está estrechamente vinculado al Environmental Defense Fund, un grupo de campaña de los EE. UU. que se opone a los pesticidas”.

Diatribas y recriminaciones

“Los críticos”, escribió Reuters, “sostienen que la IARC no debería haberle permitido participar en la evaluación del glifosato”.

Notable detalle: la agencia de noticias, que se negó a responder a Le Monde, mientras tanto citó a tres científicos que castigan a la institución, sin mencionar que los tres son ampliamente conocidos como consultores de la industria.

¿Pero quiénes son estos “críticos” sin nombre? En realidad, la crítica a la IARC se remonta al blog de David Zaruk, un ex cabildero de la industria química, que trabajó en algún momento para la firma de relaciones públicas Burson-Marsteller.

En Bruselas, donde tiene su base, Zaruk es famoso por su inclinación a los insultos (los autores de este artículo han sido sus objetivos varias veces). Fue el primero en protestar contra los conflictos de intereses de Portier, que considera socavan la opinión de la IARC. Y ha desollado persistentemente al científico estadounidense en el transcurso de no menos de veinte largas publicaciones sobre el tema del glifosato, sin mencionar sus tweets.

El profesor Portier es descripto  sucesivamente como un “activista”, una “rata”, un “demonio”, una “hierba”, un “mercenario”, e incluso una “pequeña mierda”, que “se abrió camino” en la “fruta” que es la IARC. Para Zaruk, la agencia es como una “cáscara”, y “mientras más “él la rasca”, “más pus ve salir” porque la IARC está “infectado por su soberbia”, e “infectada por la ciencia activista politizada” e “infectada por un sesgo anti-industrial”.

Zaruk dice que ha tenido “tres contactos” con Monsanto, pero niega que haya sido remunerado por sus escritos. “No recibí un centavo de la empresa para mis blogs sobre glifosato”, afirmó en un correo electrónico a Le Monde. En abril de 2017, volvió a publicar una diatriba contra ONGs, Christopher Portier y varios periodistas, que ilustró con una fotografía de nazis quemando libros en la Opernplatz de Berlín en 1933.

Las divagaciones de Zaruk podrían haber sido fácilmente controladas e invalidadas. Pero la prestigiosa garantía del artículo de Reuters dio el visto bueno a su amplia difusión.

En unas pocas semanas, las acusaciones de conflictos de interés fueron retransmitidas y citadas en The Times of London, el diario The Australian y en los Estados Unidos en National Review y The Hill bajo la firma de Bruce Chassy, ​​profesor emérito de la Universidad de Illinois, quien es financiado por Monsanto como han demostrado los documentos confidenciales obtenidos por la asociación US Right to Know (USRTK) en septiembre de 2015.

Conflictos de intereses

El “trabajo” de Zaruk también fue citado en la revista Forbes en un artículo de opinión firmado por un biólogo afiliado a Hoover Institution, un grupo de expertos cercano al partido republicano. Su nombre aparece en archivos desclasificados de la industria tabacalera. En ese momento, este hombre se ofrecería a escribir columnas o aparecer en los medios para “comunicar sobre riesgos y la ciencia”. Con tarifas entre $ 5,000 y $ 15,000.

Los ataques del bloguero de Bruselas también se hicieron eco de conocidos sitios web de propaganda, como el Consejo Estadounidense de Ciencia y Salud y el Proyecto de Alfabetización Genética. Alimentado por personas de relaciones públicas vinculadas a las industrias de pesticidas y biotecnología, este último publicó un artículo sobre Christopher Portier y la IARC firmado por Andrew Porterfield, quien se describe simplemente como un “consultor de comunicaciones para la industria de la biotecnología”.

¿Y la sugerencia de que Portier se enfrenta a conflictos de intereses? ¿Aportó el Fondo de Defensa Ambiental (a través de él) a favor de la decisión de la IARC de clasificar al glifosato como “probable cancerígeno”?

“Como tenía un enlace a esa organización, Portier tenía el estatus de “especialista invitado”, explica Kathryn Guyton, científica de la IARC a cargo de la Monografía 112. Esto significa que fue consultado por el grupo de trabajo pero no contribuyó a la decisión de clasificar el químico en una categoría u otra. Los conflictos de intereses serían reales en esos lugares de decisión.

En mayo de 2016, mientras la prensa y la blogósfera expresaban sus sospechas de negligencia en la IARC, le tocó a otro grupo de expertos de la ONU emitir su opinión. La reunión conjunta sobre residuos de plaguicidas (JMPR), un grupo de organizaciones conjuntas de la OMS y las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que rige los riesgos relacionados con los alimentos (y no la exposición por inhalación, contacto con la piel, etc.) descartó el glifosato.

Casi un año antes, una coalición de ONGs había advertido a la OMS sobre los conflictos de intereses existentes en la reunión conjunta sobre residuos de plaguicidas (JMPR). Tres de sus miembros colaboran con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), una organización de lobby científico financiada por las principales industrias agrícolas, biotecnológicas y químicas, desde Mars hasta Bayer y desde Kellogg hasta Monsanto.

Alegaciones serias

El toxicólogo Alan Boobis (Imperial College, Reino Unido) se desempeñaba como copresidente de JMPR, pero también era presidente del consejo de administración de ILSI. Angelo Moretto (Universidad de Milano, Italia) fue relator en la JMPR mientras actuaba como consultor de la industria y miembro de la junta de fideicomisarios de una estructura creada por ILSI. Vicky Dellarco, también miembro de JMPR, fue consultora de la industria y miembro de varios grupos de trabajo de ILSI.

Los expertos de la JMPR están supuestamente sujetos a las mismas reglas de independencia -entre las más estrictas del mundo- como las aplicadas en la IARC, es decir, las reglas de la OMS. Debido a que puede alterar la credibilidad de la institución y sus decisiones, un aparente conflicto de intereses es tan serio como un conflicto de intereses real.

Sin embargo, cuestionado por Le Monde, la OMS confirma que “no se consideró que ningún experto tuviera un conflicto de intereses que impidiera su participación en la JMPR”.

Esta respuesta dejó a Hilal Elver y Baskut Tuncak insatisfechos; son, respectivamente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y el Relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos.

“Pedimos respetuosamente a la OMS que explique cómo llegó exactamente a la conclusión de que los lazos de los expertos con la industria no presentaban un conflicto de intereses aparente o potencial según sus propias reglas” es la forma en que estos dos expertos reaccionaron cuando Le Monde los cuestionó.

“Los procesos fuertes, claros y transparentes para los conflictos de intereses son esenciales para la integridad del sistema”, dijeron antes de “alentar” a las organizaciones de las Naciones Unidas a “revisarlos”.

Estos dos expertos escribieron en su informe sobre el derecho a la alimentación que existen “afirmaciones serias” sobre la “compra” de científicos para reafirmar los puntos de discusión de la industria”.

El informe, que fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2017, también subrayó que: “Los esfuerzos de la industria de pesticidas (…) han obstruido las reformas y paralizado globalmente las restricciones a los pesticidas”.

Fomentar el descrédito sobre la IARC, los expertos de su grupo de trabajo y la calidad del trabajo científico logrado: estos “esfuerzos” son de importancia estratégica, incluso una necesidad vital, para Monsanto.

Casos judiciales en curso en los Estados Unidos

Sobre Monsanto están varios bufetes de abogados estadounidenses que representan a víctimas o familiares de víctimas que han muerto de linfoma no Hodgkin (NHL), un raro cáncer que afecta a los glóbulos blancos que atribuyen a la exposición al glifosato.

Para sus abogados, la Monografía 112 de la IARC constituye una evidencia esencial. Para Monsanto, la Monografía 112 podría pesar mucho en los veredictos finales. De acuerdo con documentos legales, el monto de los daños y otros pagos en los Estados Unidos podría ascender a miles de millones de dólares para los 800 demandantes, un número que “probablemente” ascenderá a 2.000 para fin de año, según Timothy Litzenburg, un abogado en The Miller Firm.

Memos confidenciales, hojas de cálculo y resúmenes internos: en total, diez millones de páginas tomadas de los recuadros en los archivos de Monsanto y de las entrañas de sus PC. Esta es la cantidad de documentos que la empresa se ha visto obligada a entregar a la corte hasta la fecha. En los EE. UU., un procedimiento llamado “descubrimiento” permite este tipo de allanamiento en la documentación del adversario.

De la parva de documentos escaneados, liberados por goteo, que son los “Papeles de Monsanto”, emerge el plan de respuesta de la multinacional. Tómese por ejemplo el documento PowerPoint clasificado como “confidencial” con fecha del 11 de marzo de 2015, cuyas diapositivas desarrollan la estrategia de influencia/lobby en la forma de “Proyectos científicos”. Entre otras ideas, allí se menciona realizar una “evaluación exhaustiva del potencial carcinogénico” del glifosato por parte de “científicos creíbles” y “posiblemente a través del concepto de panel de expertos”. Eso será realizado.

En septiembre de 2016, aparecieron una serie de seis artículos en la revista científica Critical Reviews in Toxicology. Ellos exoneraron al glifosato. Pero, como la publicación fue abiertamente “patrocinada y apoyada” por Monsanto, ¿hubiera sido posible algo más que esto?.

Los autores fueron los dieciséis miembros del “panel de expertos en glifosato” a quienes Monsanto confió la tarea de “revisar la monografía sobre glifosato de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC)”.

Su contratación fue delegada a Intertek, una consultora especializada en la producción de material científico para empresas que enfrentan dificultades regulatorias o legales relacionadas con sus productos. Monsanto y sus aliados también recurrieron a los servicios de Exponent y Gradient, otras dos empresas dedicadas al negocio de la “defensa de productos”.

“Grupo de trabajo de glifosato”

El PowerPoint de “la gestión de crisis” también previó la publicación de un artículo sobre la IARC: “Cómo se formó, cómo funciona, cómo no ha evolucionado con el tiempo volviéndose arcaica e innecesaria en la actualidad”.

El científico sugerido como posible autor para ese artículo no ha publicado nada sobre el tema hasta el momento. Sin embargo, un artículo que coincide perfectamente con las especificaciones hostiles se publicó en una revista menor en octubre de 2016. El sistema de clasificación de la IARC ha “pasado de moda” y “no sirve ni a la ciencia ni a la sociedad”, escribieron los 10 autores.

“Así es como comer carne procesada puede caer en la misma categoría que el gas mostaza”. Según ellos, el enfoque de la IARC está originado por “temores sobre salud, costos económicos innecesarios, pérdida de productos beneficiosos, adopción de estrategias con mayores costos de salud y la desviación de fondos públicos a investigación innecesaria”.

Fue un tono muy inusual para una revista científica. Esto tal vez se deba a que “Toxicología regulatoria y farmacología” es un tipo especial de publicación. Su junta editorial no solo incluye numerosos actores y consultores de la industria, sino también su editor en jefe, Gio Gori, es una figura muy conocida en la historia de la industria del tabaco.

Propiedad del poderoso grupo editorial científico Elsevier, este es el diario oficial de una sociedad supuestamente académica, la Sociedad Internacional de Toxicología Regulatoria y Farmacología (ISRTP). No hay información significativa sobre la sociedad disponible en su sitio web y ni Gori, ni la ISRTP, ni Elsevier, respondieron a las preguntas de Le Monde. Por lo tanto, ni siquiera ha sido posible identificar a nadie a cargo, y menos aún cuáles son sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, la última vez que la ISRTP publicó sus patrocinadores, en 2008, la lista de seis, incluía a Monsanto.

En cuanto a los 10 autores del artículo, algunos de ellos han trabajado o están trabajando actualmente para el grupo suizo Syngenta, un miembro de la “fuerza de trabajo de glifosato” de los jugadores industriales que venden productos de ese químico. Algunos son consultores privados. Otros son científicos académicos y participan en las actividades de la organización científica de cabildeo, ILSI. Entre ellos se encuentran Samuel Cohen, profesor de oncología en la Universidad de Nebraska, Alan Boobis, copresidente de la JMPR, y Angelo Moretto, relator de la misma JMPR.

“Tácticas de choque”

Estos tres científicos siguieron el camino. Unos meses más tarde, publicaron en el sitio web de propaganda llamado Proyecto de Alfabetización Genética, que transmitió los ataques personales contra Christopher Portier, un texto que afirma que la IARC “debería ser abolida”.

La agencia fue acusada de alimentar la “quimofobia” entre el público. Si no se reforma, escribieron, la IARC “debería ocupar una vitrina de museo junto al Ford T, el biplano y el teléfono a disco y otros objetos del pasado”.

En los círculos científicos, la convención sostiene que el autor del primer borrador de un texto asume la responsabilidad de cualquier modificación hasta las últimas correcciones. ¿Cuál de los autores escribió estos dos textos, publicados por la revista científica y en el sitio web del Proyecto de Alfabetización Genética? “No puedo recordar”, respondió Alan Boobis cuando Le Monde le preguntó, explicando que “fue todo un proceso”, y que la escritura “se modificó bastante durante el año”.

Esto es “un poco táctica de choque”, reconoció Boobis. Al preguntársele por qué el artículo fue publicado en este sitio web, Boobis admitió que el Proyecto de Alfabetización Genética no era famoso por su rigor, pero explicó que el texto fue rechazado por una revista científica.

Sus argumentos son idénticos a los de Monsanto y sus aliados. “Se ha llegado a una posición extraña donde cualquier asociación con la industria es considerada inmediatamente como una indicación de sesgo, corrupción, confusión, distorsión o lo que sea”, respondió Boobis.

¿Es la “abolición” de la IARC lo que Monsanto quiere? La corporación no deseaba contestar las preguntas de Le Monde.

 

Nota del editor: Este mes Le Monde ganó el Premio Varenne Presse quotidienne nationale (Premio Varenne para la prensa diaria nacional) por su serie Monsanto Papers, una investigación sobre la guerra mundial que la empresa Monsanto ha iniciado para salvar el glifosato, publicada originalmente en junio del 2017.

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