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Lobby tóxico: el polémico ILSI

Un instituto funciona como operador de marcas que intentan influir en la salud y los alimentos. En esta nota MU entrevista a uno de los responsables de desenmascararlo. Cursos, talleres y capacitaciones para influir en la política, la industria y la ciencia. Por Anabel Pomar

“El auge global de las epidemias de obesidad y diabetes no es un accidente. Es un producto de la industria de alimentos ultraprocesados, del abrumador bombardeo de su publicidad y mercadotecnia a través de la utilización de grupos como el ILSI que ingresan insidiosamente a las entrañas mismas de organismos científicos y reguladores de todo el mundo, para influir en ellos y dominarlos”, afirma a MU el estadounidense Gary Ruskin, uno de los fundadores y director de US Right to Know (derecho a saber), organización no gubernamental que trabaja por la salud pública y presentó cinco solicitudes de acceso a la información para analizar el trabajo realizado por el International Life Science Institute (ILSI).

El reclamo permitió a Right to Know acceder a 17.163 páginas de información que revelan el trabajo que hace el ILSI como herramienta de lobby en el ambiente político, científico y de la industria.

Ruskin es además uno de los autores de un artículo publicado en la revista Globalization and Health, que desmiente que el ILSI desarrolle “ciencia para el bienestar público” y “la mejora de la salud humana, el bienestar y el medio ambiente”, sino que se trata de un grupo de lobby enfocado en bloquear las políticas que afecten los interesas de corporaciones como Monsanto y Coca-Cola.

El trabajo se titula “Are industry-funded charities promoting ‘advocacy-led studies’ or “evidence-based science’? (¿Las organizaciones benéficas financiadas por la industria promueven “estudios dirigidos a influir” o “ciencia basada en la evidencia”?). Fue firmado además por Sarah Steele, Lejla Sarcevic, Martin McKee y David Stucklerk, y afirma: “El ILSI dice trabajar para la salud y el bienestar de las poblaciones a nivel internacional, pero identificamos sus intentos para influir en personas, profesionales y políticos observando evidencia de que sus miembros corporativos lo implementan como una herramienta para promover sus intereses a nivel mundial”.

Caballo de Troya

El ILSI es una fundación global creada en 1978 por Alex Malaspina, ex directivo de Coca-Cola. Lo financian corporaciones como Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta, Coca Cola y McDonalds, entre otras.

Las 17.163 páginas de documentos fueron revisadas por dos investigadores por separado, que lograron así recopilar casos puntuales donde el ILSI ha influido en la investigación, información y políticas públicas, y demuestran cómo la ONG castiga a los organismos que promueven mensajes desfavorables para las corporaciones.

Ruskin, master en Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, es además codirector de USRTK, la misma ONG que permitió la existencia y difusión de los Monsanto Papers que lavaca pone a disposición en español desde 2017. “El ILSI se ha abierto camino en los organismos centrales de salud, científicos y reguladores de todo el mundo. Son un caballo de Troya para la industria agroalimentaria”, asegura Ruskin. “Son las mismas tácticas que usó la industria del tabaco en su momento, intentando desviar la atención del daño de los productos corporativos”.

Sobre la epidemia de obesidad y diabetes Ruskin plantea: “Para empezar a revertir la situación debemos entender de dónde provienen esos mensajes que hacen que la salud pública no prevalezca sobre el poder de la industria. El ILSI ocupa un gran rol en esa tarea. Recién entonces podremos instalar políticas mejores y más efectivas para ayudar a prevenir la obesidad y la diabetes en todo el mundo”.

El trabajo advierte: “Nuestro análisis del rol del ILSI sirve como advertencia para los involucrados en la gobernanza de la salud global. Para que desconfíen de los grupos de investigación supuestamente independientes y de sus estudios financiados”. Y describe cómo miembros prominentes del ILSI integran organismos internacionales vinculados a la seguridad alimentaria, como en el caso de la JMPR.
La JMPR es la sigla en inglés de un grupo de expertos de la OMS y las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encargada de la seguridad alimentaria, con responsabilidad de revisar los datos toxicológicos de plaguicidas, las dosis diarias “aceptables” y fijar los límites máximos de residuos de agrotóxicos en alimentos que son tomados de base de seguridad en el mundo entero.
En mayo de 2016 los expertos de la JMPR descartaron al glifosato como problema en exposición a través de la dieta. Tres de sus integrantes eran del ILSI. El toxicólogo Alan Boobis, copresidente de JMPR, también era presidente del consejo de administración del ILSI. Angelo Moretto fue relator en la JMPR mientras actuaba como consultor desde el ILSI. Vicky Dellarco integró varios grupos de trabajo del ILSI.

¿Lobby está?

El ILSI se instaló en Argentina en 1990, con oficinas en el edificio de la Sociedad Científica Argentina. Es financiado por empresas como Arcor, Basf, Bayer, Coca-Cola, Dow AgroSciences, Mondelez International, Monsanto y Syngenta, entre otros, según su propia página web. Preside la ONG la doctora Clara Rubinstein, quien además trabaja para Monsanto Argentina. Uno de sus trabajos ha sido el de crear, organizar y “nutrir” el Grupo de Trabajo Especial de Alérgenos con el permanente asesoramiento y directrices de Monsanto Internacional y de científicos como Richard Goodman, como demuestran correos electrónicos entre ambos, en los Monsanto Papers. Goodman es uno de los responsables de la campaña orquestada por Monsanto contra el genetista francés Gilles-Eric Séralini por sus investigaciones sobre los riesgos de los transgénicos.

ILSI Argentina permanece casi en el anonimato. En 2016 recibió atención cuando la justicia porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niñas, niños y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG realizaban a través del programa “Mi Escuela Saludable”. MU se ocupó del tema en aquel momento, citando un reporte de 2012 del Observatorio de las Corporaciones de Europa (CEO), que ya señalaba al ILSI como un gran grupo de lobby.

Allí se describe cómo el ILSI ingresó a la OMS, la FAO y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Colocó representantes en comisiones de tabaco, pesticidas, azúcar, sal, grasas trans, en momentos de debates clave sobre la toxicidad de ciertos venenos, los transgénicos, los aditivos. Y, por supuesto, la relación de los productos ultraprocesados y la obesidad. Apoyan su posición en estudios en los que sus científicos escriben: “La disminución del gasto energético y de la actividad física, y el número de horas invertidas en actividades sedentarias cumplirían un rol crítico (en la obesidad infantil)”, mientras que “el aumento de la ingesta calórica se encuentra aún más discutido y obedece a características individuales de cada región y a factores biológicos y culturales”. Traducción: la culpa es de las víctimas, no de la industria.

El ILSI local realiza programas de capacitación, cursos, talleres, y cuenta con aceitados medios de amplificación en diarios, revistas sin contar medios propios como el sitio InfoAlimentos.

Instituciones vinculadas al ILSI en Argentina: Codex Alimentarius, Los ministerios de Salud de Buenos Aires, Entre Ríos y Formosa, Secretarías de Agricultura y Ambiente, Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Sociedad Argentina de Cardiología, Asociación Médica Argentina (AMA), Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y de Pediatría (SAP), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entre otros. Esa capacidad de influencia llevó a que la bibliografía del ILSI fuera utilizada en la aprobación de la soja RR2, o por el SENASA para defender la inocuidad del glifosato.

Pese a todas las denuncias, los vínculos que ILSI Argentina mantiene con un amplio abanico de instituciones muestran su penetración en sectores claves: una red profunda y entramada interfiriendo en instituciones y organismos cuya misión es proteger la salud lejos de la presión corporativa.