Para salvar al glifosato, la corporación Monsanto ha emprendido un esfuerzo para destruir a la agencia de investigación contra el cáncer de las Naciones Unidas por cualquier medio posible. Aquí, la primera parte de la investigación de Le Monde.
Autores Stéphane Horel, Stéphane Foucart Nov 20, 2017
Traducción al español y adaptación periodística para lavaca.org, Anabel Pomar
“Hemos sido atacados en el pasado, nos hemos enfrentado a campañas de desprestigio, pero esta vez somos el objetivo de una campaña orquestada de una escala y duración desconocidas”. La sonrisa de Christopher Wild se desvaneció rápidamente. A través de la ventana del edificio donde tiene su sede la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), los tejados de Lyon, Francia, se extienden detrás de su alta figura.
Christopher Wild es el director de la agencia, así que sopesó cada palabra hablando con una seriedad apropiada para la situación. Durante los dos últimos años, un violento ataque se ha dirigido a la institución que dirige: la credibilidad y la integridad del trabajo de la IARC están siendo desafiadas, sus expertos son denigrados y acosados por abogados, y sus finanzas se han debilitado.
Durante casi medio siglo, la IARC ha sido la encargada, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de elaborar un inventario de carcinógenos. Pero ahora la venerable agencia comienza a vacilar bajo el asalto.
Las hostilidades se lanzaron en una fecha específica: 20 de marzo de 2015. Ese día, la IARC anunció las conclusiones de su “Monografía 112”. Los hallazgos dejaron atónito al mundo entero. A diferencia de la mayoría de las agencias reguladoras, la IARC declaró que el plaguicida más utilizado en el planeta es genotóxico (causa daño en el ADN), cancerígeno para los animales y un “probable cancerígeno” para los humanos.
El pesticida es glifosato, el componente principal de Roundup, el producto estrella de una de las compañías más conocidas del mundo: Monsanto. El glifosato es también el Leviatán de la industria agroquímica. Usado durante más de 40 años, está presente en no menos de 750 productos comercializados por cerca de 100 compañías en más de 130 países.
Glifosato, la piedra angular de Monsanto
Entre 1974, cuando se lanzó al mercado, y 2014, el uso de glifosato aumentó de 3.200 toneladas a 825.000 toneladas por año. Un aumento dramático que se debe a la adopción masiva de semillas genéticamente modificadas para tolerarlo: semillas “Roundup Ready”.
De todas las empresas agroquímicas que podrían verse afectadas por medidas para restringir o prohibir el producto, hay una cuya supervivencia está en juego. Monsanto, que desarrolló el glifosato, ha convertido al producto químico en la base de su modelo económico. La compañía ha construido su fortuna vendiendo Roundup y las semillas que lo acompañan.
Entonces, cuando la IARC anunció que el glifosato era “probablemente cancerígeno”, la empresa estadounidense reaccionó con una brutalidad sin precedentes. En una declaración de la compañía, calificó el trabajo de la IARC como “ciencia basura” – una selección selectiva de datos, basada en un “sesgo orientado por la agenda”, todo lo cual lleva a una decisión tomada después de solo “horas de discusión en una reunión semanal”.
Nunca antes una empresa había cuestionado tan crudamente la integridad de una agencia bajo la órbita de las Naciones Unidas. Así la batalla que tuvo lugar abiertamente, al menos, fue lanzada.
Un año de trabajo para evaluar el pesticida
Porque en sus propias oficinas, Monsanto estaba bailando con una melodía completamente diferente. La compañía sabía muy bien que la evaluación de la IARC del glifosato se llevó a cabo después de un año de trabajo por un grupo de expertos, que luego se reunieron durante varios días en Lyon para deliberar. Los procedimientos de la IARC requieren que las industrias afectadas por el producto bajo revisión tengan el derecho de asistir a esta reunión final.
Para la evaluación del glifosato, Monsanto había enviado un “observador”, el epidemiólogo Tom Sorahan, profesor de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), a quien la compañía a veces emplea como consultor. El informe que envió a sus jefes el 14 de marzo de 2015 les aseguró que todo se hizo de acuerdo con las reglas.
“Encontré al Presidente, los sub-presidentes y los expertos invitados muy amables y preparados para responder a todos los comentarios que hice”, escribió el Sr. Sorahan en un correo electrónico enviado a un ejecutivo de Monsanto. El correo electrónico aparece en los “Papeles de Monsanto”, una recopilación de los documentos internos de la empresa que un tribunal de EE. UU. comenzó a hacer público a principios de 2017 como parte de demandas en curso.
“La reunión siguió las pautas de la IARC”, agregó el observador. “El Dr. Kurt Straif, Jefe del Programa de Monografías de la IARC, tiene un conocimiento profundo de las reglas de la IARC e insiste en que se cumplan”.
Contraataque
El científico académico, que no ha respondido a las solicitudes de Le Monde, parecía estar muy avergonzado por la idea de que su nombre pudiera asociarse con la respuesta de Monsanto a la decisión de la IARC: “No deseo que se me referencie en ningún documento de su gente de Public Affair/Relaciones Públicas “, les escribió, aunque al mismo tiempo, se ofrecía amablemente ayudar a formular las declaraciones que podrían hacerse “en el inevitable contraataque” que la compañía estaba implementando.
Unos meses más tarde, los científicos no estadounidenses que habían sido miembros del panel de la IARC sobre glifosato recibieron una misma carta. Enviada por el bufete de abogados de Monsanto, Hollingsworth, la carta les decía que entregaran todos los archivos relacionados con su trabajo en la “Monografía 112”.
Borradores, comentarios, tablas de datos… todo lo que había pasado por el sistema informático de la IARC. “Si se niega a proporcionar los archivos”, advirtieron los abogados, “le solicitamos e instruimos que tome de inmediato todos los pasos razonables a su alcance para preservar intactos todos esos archivos en espera de las solicitudes formales de entrega de datos emitidas a través de un tribunal de los EE. UU.”
“Encontré su carta intimidante y nociva”, dijo uno de los científicos en su respuesta del 4 de noviembre de 2016. “Encuentro su enfoque completo y carente de cortesía común incluso para los estándares actuales”.
La patóloga Consolato Maria Sergi, profesora de la Universidad de Alberta en Canadá, continuó: “Considero su carta perniciosa porque maliciosamente busca inculcar cierta ansiedad y aprensión en un grupo independiente de expertos”.
Maniobras intimidatorias
Los miembros de EE. UU. del grupo de trabajo de la IARC están siendo sometidos a medidas aún más “intimidantes”. En los EE. UU., la Ley de Libertad de Información, o FOIA, permite a todos los ciudadanos, bajo ciertas condiciones, solicitar acceso a documentos producidos por organismos públicos y sus funcionarios: notas, correos electrónicos, informes internos, etc.
De acuerdo con nuestra información, desde noviembre de 2015, los bufetes de abogados Hollingsworth y Sidley Austin han presentado cinco solicitudes ante los Institutos Nacionales de Salud (NIH) solamente, donde dos de los expertos del grupo están empleados.
Las solicitudes de otros científicos también se han realizado a la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA), la Universidad Texas A & M y la Universidad Estatal de Mississippi.
Algunas de estas instituciones incluso han sido citadas por los abogados de Monsanto como parte de litigios en curso sobre glifosato, y por lo tanto obligados a entregar algunos de sus documentos internos.
¿El objetivo de estas maniobras intimidatorias es silenciar la crítica? Los científicos de renombre mundial que generalmente están abiertos a las solicitudes de los medios de comunicación no respondieron a las solicitudes de Le Monde, ni siquiera en entrevistas fuera de micrófono. Algunos aceptaron hablar pero solo desde una línea privada y fuera del horario de oficina.
Los miembros del Congreso de los EE. UU. no necesitan usar FOIA para poder responsabilizar a las instituciones científicas federales. El republicano Jason Chaffetz, ex miembro de la Cámara de Representantes y ex presidente del Comité de Reforma de la Cámara y Gobierno, le escribió a Francis Collins, el director del Instituto Nacional de Salud (NIH), el 26 de septiembre de 2016.
Las decisiones de la IARC “generaron mucha controversia y alarma”, escribió. Y a pesar de su “historial de controversia, retractaciones e inconsistencias”, la IARC recibe “fondos sustanciales de contribuyentes” del NIH.
De hecho, 1,2 millones de euros del presupuesto anual de la IARC, que ronda en los 40 millones, provienen de una subvención del Instituto Nacional de Salud estadounidense. Por esta razón, Jason Chaffetz le pidió al director del NIH detalles y justificaciones de todos los gastos del NIH relacionados con la IARC.
Personajes casi salidos de una novela de John Le Carré
El mismo día, la carta de Chaffetz fue aplaudida por el American Chemistry Council (ACC). Como la poderosa organización de cabildeo de la industria química de Estados Unidos, de la cual Monsanto es miembro, “esperan que arroje luz sobre la estrecha y algo opaca relación” entre la IARC y las instituciones científicas estadounidenses.
El lobby químico había encontrado un valioso aliado en el Sr. Chaffetz. En marzo, el ex congresista escribió al director de otra organización federal de investigación, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), para pedirle que explicara la investigación que la institución ha financiado sobre los efectos nocivos del bisfenol A (BPA), un compuesto ampliamente utilizado en algunos plásticos.
¿Qué mejor manera de neutralizar una institución que cortar su financiación? En los meses posteriores a la publicación de “Monografía 112”, CropLife International, la organización que defiende los intereses de las compañías de pesticidas y semillas en todo el mundo, se dirigió a algunos representantes de los 25 estados miembros del consejo de gobierno de la IARC para quejarse de la calidad de la agencia trabajo.
Conocidos como “Estados participantes”, contribuyen alrededor del 70 por ciento del presupuesto total de la IARC. Según la IARC, se contactó con al menos tres de ellos, Canadá, Holanda y Australia. Ninguno respondió a las solicitudes de Le Monde.
A lo largo de 2016, los personajes que parecían salidos de una novela de John Le Carré hicieron su aparición en la saga de glifosato. En junio, alguien que se presentó como periodista pero no se anunció ni se inscribió como tal asistió a la conferencia organizada por IARC en Lyon para su cincuentenario.
El extraño Sr. Watts
Merodeando entre científicos y funcionarios internacionales, el hombre buscaba detalles sobre el funcionamiento de la IARC, su financiación, su programa monográfico, etc.
Unos meses más tarde, a fines de octubre de 2016, el hombre reapareció, esta vez en la conferencia anual del Instituto Ramazzini, una reconocida y respetada organización de investigación del cáncer con sede cerca de Bolonia, Italia. ¿Por qué en la Tierra el Ramazzini? Quizás porque el instituto italiano había anunciado unos meses antes que iba a realizar su propio estudio de carcinogenicidad sobre el glifosato.
Christopher Watts, ese es el nombre del hombre, hizo preguntas sobre la independencia del instituto y sus fuentes de financiación. Debido a que usó una dirección de correo electrónico que terminó con “@ economist.com”, aquellos a quienes se acercó no cuestionaron su afiliación al prestigioso semanario británico, The Economist. Para los científicos que sí pidieron detalles, dijo que trabajaba para la Economist Intelligence Unit (EIU), una consultora que es una subsidiaria del grupo de prensa británico.
La EIU confirmó que el Sr. Watts efectivamente había producido varios informes para ellos, pero “no pudo confirmar en calidad de que asistió” a las dos conferencias. “Durante ese tiempo, estaba trabajando en una historia para The Economist, que finalmente no fue publicada”. Por extraño que parezca, la sala de redacción semanal respondió que “no hay nadie con ese nombre entre nuestro personal”.
Lo único que parece claro es el nombre de una compañía que el Sr. Watts creó a fines de 2014: Corporate Intelligence Advisory Company. De acuerdo con los documentos administrativos, la dirección personal del Sr. Watts se encuentra en Albania. No quiso responder preguntas de Le Monde.
Intrusiva y burocrática guerra de guerrillas
En el espacio de algunos meses, al menos cinco personas se presentaron como periodistas, investigadores independientes o asistentes en bufetes de abogados para acercarse a los científicos e investigadores de la IARC involucrados en el trabajo de la IARC. Todos buscaban información muy específica sobre los procedimientos y el financiamiento de la agencia.
Uno de ellos, Miguel Santos-Neves, trabaja para una compañía de inteligencia económica con sede en Nueva York llamada Ergo. De acuerdo con un informe del New York Times en julio de 2016, fue arrestado durante una investigación judicial de los EE. UU. por tergiversar su identidad.
En nombre de Uber, el Sr. Santos-Neves había investigado a un demandante que había entablado una demanda colectiva contra la empresa y había interrogado a su séquito profesional bajo falsas pretensiones. Ergo no respondió a las preguntas de Le Monde.
Al igual que Christopher Watts, dos organizaciones hermanas con reputaciones nefastas están interesadas no solo en la IARC, sino también en el Instituto Ramazzini. El Instituto Legal de Energía y Medioambiente (E & E Legal) se presenta como una organización sin fines de lucro, cuyas misiones incluyen “responsabilizar a aquellos que buscan una regulación gubernamental excesiva y destructiva basada en la formulación de políticas impulsadas por la agenda, la ciencia basura y la histeria “.
La Clínica de Derecho Ambiental de Mercado Libre, por su parte, dice que “busca proporcionar un contrapeso al movimiento medioambiental litigioso que fomenta un régimen regulatorio económicamente destructivo en los Estados Unidos”.
Según Le Monde, han iniciado no menos de 17 solicitudes de acceso a información (FOIA) al NIH y a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Comprometidos en una guerra de guerrillas legal, burocrática e intrusiva, han exigido la correspondencia de varios funcionarios estadounidenses “que contienen los términos ‘IARC’, ‘glifosato’, ‘Guyton'” (Kathryn Guyton es el científico de IARC responsable de la “Monografía 112”).
Buscan los detalles más pequeños sobre becas, subvenciones y otras relaciones financieras y no financieras entre estas agencias estadounidenses, IARC, algunos científicos y el Instituto Ramazzini.
“Let Nothing Go”/”No dejes nada”
Las dos organizaciones están encabezadas por David Schnare, un escéptico climático confirmado que es conocido por acosar a los científicos del clima. En noviembre de 2016, el Sr. Schnare dejó temporalmente E & E Legal para unirse al equipo de transición de Donald Trump.
En cuanto a Steve Milloy, quien también se encuentra entre los líderes de la organización, es una figura muy conocida en el pequeño mundo de la propaganda financiada por la industria del tabaco. Cuando se le preguntó acerca de sus motivaciones y fuentes de financiamiento, el presidente de E & E Legal respondió por correo electrónico: “Hola, no estamos interesados en participar”.
La atención en estas solicitudes de FOIA se ve amplificada por los artículos de opinión publicados en algunos medios de comunicación.
Uno de ellos, The Hill, es lectura obligatoria para todos los jugadores políticos en Washington DC. Sus autores son un escuadrón de propagandistas que la asociación US Right to Know (USRTK) ha documentado como antiguos lazos con empresas agroquímicas y grupos de expertos conservadores, como el Heartland Institute o el George C. Marshall Institute, ambos conocidos por su importante papel en la fabricación del escepticismo climático
Sus escritos exponen exactamente los mismos argumentos. Y a veces incluso las mismas frases: la “ciencia de mala calidad” de una IARC devastada por conflictos de intereses y “ampliamente criticada”, pero sin decir nunca por quién.
Los abogados involucrados en demandas de los EE. UU. revelaron que Monsanto también usó medios más discretos. Respondiendo bajo juramento a las preguntas de abogados que representan a personas que atribuyen su cáncer al Roundup, los ejecutivos de la firma revelaron un programa confidencial destinado a contrarrestar todas las críticas al que llamaron “Let Nothing Go”/”No dejes nada”.
Las transcripciones de estas audiencias son confidenciales. Pero los memorandos de las firmas de abogados involucradas permiten que se conozca un poco más. Muestran que Monsanto usa compañías de terceros que “emplean individuos que parecen no tener conexión con la industria pero que a su vez publican comentarios positivos en artículos de noticias y publicaciones de Facebook, defendiendo a Monsanto, sus productos químicos y los transgénicos”.
La máquina parece estar avanzando con la llegada del Sr. Trump
En los últimos meses, la coalición contra la IARC ha crecido. A fines de enero de 2017, pocos días después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Consejo Estadounidense de Química se unió a sus filas.
El lobby químico de EE. UU. ha abierto un nuevo frente en las redes sociales en forma de una “Campaña para la Precisión en la Investigación de Salud Pública”, con un sitio web dedicado y una cuenta de Twitter.
Su propósito declarado es obtener una “reforma” del programa monográfico de la IARC. La poderosa organización de cabildeo ha dejado de lado los guantes para niños: “¿Una lonja de tocino o una lonja de plutonio? Es lo mismo según la IARC”.
El tweet va con un fotomontaje que muestra dos barras verdes fluorescentes con tocino y huevos en un plato.
En octubre de 2015, la IARC clasificó las carnes procesadas como “carcinógenas” y las carnes rojas como un “carcinógeno probable” como el glifosato.
¿Tal vez tener un acceso privilegiado al círculo más cercano al presidente Trump proporciona una sensación de omnipotencia a estas industrias químicas y agroquímicas? La principal cabildera estadounidense del Consejo Estadounidense de Química, Nancy Beck, asumió el cargo de Asistente Administradora Adjunta en la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la EPA de EE. UU., la misma agencia que supervisa el reexamen del archivo de glifosato.
¿Y no era Andrew Liveris, el jefe de Dow Chemical, miembro del Consejo Estadounidense de Química, a quien Donald Trump le encomendó en persona para dirigir la “Iniciativa de Empleos de Manufactura” del presidente?
La máquina parece estar avanzando con la llegada de la era Trump.
A fines de marzo, el republicano texano Lamar Smith, presidente del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara, se dirigió al ahora ex Secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price. Smith centró sus demandas en los vínculos financieros entre el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) y el Instituto Ramazzini para, en su opinión, “garantizar que los beneficiarios de las subvenciones cumplan con los más altos estándares de integridad científica”.
Ignorancia y mentiras
Eso es todo lo que necesitó la solicitud de este congresista para convertirse, en los escritos de dos propagandistas llamados Julie Kelly y Jeff Stier, en una “investigación del Congreso” sobre la “oscura organización” que es el Instituto Ramazzini.
Publicada poco después en National Review, su artículo atacó personalmente tanto a la directora del NIEHS, Linda Birnbaum, acusada de promover una “agenda de quimiofobia”, como a su ex Director Asociado, Christopher Portier, quien acompañó el trabajo de IARC como “especialista invitado”, descrito como un “conocido activista contra el glifosato”. Ambos fueron descritos como “compañeros de Ramazzini”.
Según Kelly y Stier, este es otro ejemplo de “cómo la ciencia se ha politizado”. La historia también fue retomada por otros, incluido Breitbart News, el sitio web de extrema derecha cofundado por Steve Bannon, el ex estratega jefe de la Casa Blanca.
Describir el Instituto o el Collegium Ramazzini (los dos se confunden en los artículos) como una “oscura organización” aquí, o como “una especie de Rotary Club para científicos activistas” en otros lugares, es en el mejor de los casos ignorancia y en el peor, una mentira. Fundado en 1982 por Irving Selikoff y Cesare Maltoni, dos figuras destacadas en salud pública, el Collegium Ramazzini es una academia de 180 científicos especializados en salud ambiental y ocupacional.
Linda Birnbaum y Christopher Portier son “Fellows” del Collegium. Y también lo son el Director del Programa de Monografías de la IARC, Kurt Straif, y otros cuatro expertos del grupo de trabajo Monografía 112, todos científicos de alto nivel en sus respectivos campos.
“No tenemos miedo”
El lanzamiento de un estudio de toxicología a largo plazo sobre glifosato por el Instituto Ramazzini en mayo de 2016 se convirtió en el objetivo de una organización reconocida por su experiencia en cáncer. La directora del departamento de investigación del instituto, Fiorella Belpoggi, es una de los pocos científicos que accedieron a hablar con Le Monde: “Somos pocos, no tenemos dinero, solo somos buenos científicos y no tenemos miedo”.
Es muy poco probable que se detengan los ataques contra Ramazzini y el IARC. Después del glifosato, otros químicos estratégicos están en la lista de “prioridades” de IARC para el período 2014-2019. Estos incluyen más pesticidas y también bisfenol A (BPA) y aspartamo.
El NIEHS es uno de los principales financiadores de investigación en el mundo sobre la toxicidad del BPA. En cuanto al aspartamo, el estudio que alertó al mundo sobre las propiedades carcinogénicas de este edulcorante se llevó a cabo hace varios años… en el Instituto Ramazzini.
“No me había dado cuenta de que éramos tan importantes antes de esto”, susurró Fiorella Belpoggi, “pero si te deshaces de la IARC, el NIEHS y el Instituto Ramazzini, te deshaces de tres símbolos de independencia en la ciencia”.
Un tipo de ciencia que se ha convertido en una amenaza para los intereses económicos por valor de cientos de miles de millones de euros.
Nota del editor: Este mes Le Monde ganó el Premio Varenne Presse quotidienne nationale (Premio Varenne para la prensa diaria nacional) por su serie Monsanto Papers, una investigación sobre la guerra mundial que la empresa Monsanto ha iniciado para salvar el glifosato, publicada originalmente en junio.
La primera parte fue publicada originalmente el 1 de junio de 2017 y traducida al inglés por GM Watch y la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente.
