El gigante químico recibió la orden de pagar después de que un jurado descubriera que sus productos probablemente causan cáncer.

Por Tessa Stuart, publicada originalmente en Rolling Stone

Durante años, DeWayne “Lee” Johnson condujo un camión con un tanque de 50 galones del pesticida Ranger Pro de Monsanto montado en la parte superior. Como jardinero del Distrito Escolar Unificado de Benicia en el Condado de Solano, California, al norte de San Francisco, Johnson traspasaba cientos de galones de la misma sustancia todas las semanas entre el camión y su rociador de mochila. Cuando soplaba el viento, el pesticida cubría su cuerpo en una fina niebla química. Un día, la manguera del tanque se rompió, empapándolo de la cabeza a los pies. Unos meses más tarde, desarrolló una erupción en la rodilla. Unos meses después de eso, la erupción se extendió por todo su cuerpo. En 2014, Johnson fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin.

El viernes pasado, un jurado de California dictaminó que los productos de Monsanto probablemente causaron el cáncer de Johnson, y ordenó a la compañía que le pague 289 millones de dólares. Al ser el primero entre aproximadamente 5.000 juicios similares pendientes contra Monsanto, puede ser un presagio de problemas futuros para la compañía. Luego de que se anunciara la decisión, el precio de las acciones de la empresa matriz de Monsanto, Bayer, se desplomó debido al temor de que pudiera ser hallada culpable y tuviera que desembolsar miles de millones de dólares más por daños y perjuicios. Pero el producto que el jurado cree que causó el cáncer de Johnson todavía está en el mercado. Eso es así debido a que la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA), en noviembre de 2017, declaró que la sustancia química era inofensiva para los seres humanos.

En el juicio, el equipo legal de Johnson pudo demostrar, a través de correos electrónicos internos, cuán profundamente estuvo involucrado Monsanto para lograr que la EPA llegara a esa conclusión.

Tres meses después de recibir su diagnóstico, Johnson llamó a Monsanto para preguntar si existía alguna posibilidad de que su cáncer estuviera relacionado con las sustancias químicas con las cuales trabajaba todos los días. “Le dijeron que no, que no existía conexión” relata Timothy Litzenburg, el abogado de Johnson, a Rolling Stone. El director médico de Monsanto fue alertado de la llamada; se suponía que debía llamar a Johnson para obtener más información. Pero Johnson dijo que nunca supo nada de este hombre. Él siguió rociando.

Unos meses más tarde, en marzo de 2015 – el mismo mes en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró mediante un análisis de que el glifosato, el ingrediente activo en Ranger Pro y Roundup, los pesticidas más ampliamente usados en el mundo, eran “probablemente carcinógenos”- Johnson llamó al Centro Regional de Control de Intoxicaciones de Missouri. (El centro tiene un contrato con Monsanto para asesorar a cualquier persona que contacte a la compañía por problemas de salud). “En lugar de decirle ‘la OMS dice que causa cáncer, nosotros no estamos de acuerdo’, le dijeron que no, que no lo causa”, afirma Litzenburg. Y Johnson siguó rociando.

Él no tenía motivos para pensar que debía detenerse porque, según el gobierno de los EE.UU., el glifosato “probablemente no sea cancerígeno para los seres humanos”. Los miembros del jurado en el caso Johnson no solamente están convencidos acerca de la evidencia científica abrumadora de que el glifosato puede causar ciertos tipos de cáncer, también están convencidos de que Monsanto era consciente del riesgo, y que hicieron esfuerzos conjuntos para distorsionar tanto la investigación científica como la opinión pública al respecto.

La reacción del demandante Dewayne Johnson después de escuchar el veredicto de su caso contra Monsanto en el Tribunal Superior de Justicia de California, en San Francisco, California, el 10 de agosto de 2018

Los documentos internos producidos en el tribunal señalaron que Monsanto tenía razones para creer que el glifosato era peligroso ya en 1983, cuando un estudio realizado en la compañía descubrió un incremento estadísticamente significativo del riesgo de contraer cáncer en ratones tratados con glifosato. La EPA se alarmó por el hallazgo, pero Monsanto desestimó los resultados diciendo que no eran definitivos porque un único ratón que no estuvo expuesto al pesticida también desarrolló el tumor. La agencia quería que el resultado se repitiera, pero Monsanto se negó. “Lucharon por el riñón de ese único ratón durante años, gastaron millones de dólares en expertos, en lugar de simplemente hacer la prueba de nuevo” dice Lintzenburg. “La EPA incluso ofreció un compromiso – hagamos una prueba renal y hepática. Monsanto dijo ‘no’. Es sorprendente cuan a menudo pueden decirle no a la EPA”.

La razón por la cual la compañía pudo decirle ‘no’ a la agencia presumiblemente encargada de controlar sus productos, dice Nathan Donley, científico senior del Centro para la Diversidad Biológica, se debe a que las compañías de pesticidas financian, literalmente, a la oficina de pesticidas de la EPA. Bajo la Ley de Mejoramiento del Registro de Pesticidas, sus fabricantes deben pagar aranceles de registros, y esas tarifas representan aproximadamente un tercio del presupuesto operativo de la oficina.

El sistema fue originalmente concebido como una forma de garantizar que las compañías que obtienen beneficios de los productos paguen los costos asociados con su regulación, en lugar de los contribuyentes. Pero, en opinión de Donley, el plan ha fracasado rotundamente.

“Si la industria está pagando entre el 30 a 40 por ciento del costo operativo -los salarios- de la oficina de pesticidas, ¿para quién están trabajando?”.

Un hilo de correos electrónicos revelados en la corte demostró este dinámica precisa, de efecto condenatorio. Unas semanas después de que la OMS declarara que el glifosato era un probable causante de cáncer, los mensajes volaron mientras Monsanto planificaba su respuesta. En uno de ellos, los empleados de Monsanto discuten “acercarse a EPA y… preguntar si hay algo que pudiera ayudarlos a defender la situación”. En última instancia, los empleados de Monsanto planificaron conseguir la ayuda de Jess Rowland, quien se desempeñaba como subdirector de la división de efectos sobre la salud de la Oficina de Programas de Pesticidas de la EPA en ese momento. En los correos electrónicos, Rowland, quien también presidía el comité de revisión de la seguridad del glifosato, aseguró a los funcionarios de Monsanto que él tenía el proceso bajo control.

La palabra de Rowland parecía lo suficientemente buena para un ejecutivo de Monsanto, quien luego escribió en un correo electrónico interno: “Sabemos, pero no podemos decir, que los científicos del Programa de Pesticidas de la oficina de la EPA creen firmemente que el glifosato no causa cáncer y han defendido internamente su determinación escrita durante meses”. En otro correo electrónico, Dan Jenkins, a cargo de los asuntos regulatorios en Mosanto, le escribió a Rowland y le contó acerca de un estudio planeado de glifosato – no en la EPA, sino en la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, supervisado por una agencia gubernamental completamente diferente. Rowland, según cuenta Jenkins en un correo electrónico a su colega, le dijo que “si pudiera impedir esto debería obtener una medalla”. (El estudio no se realizó).

En mayo de 2016, dos semanas antes de que la Unión Europea votara sobre si permitir o no el uso de pesticidas a base de glifosato, el informe producido por el comité de Rowland que declara que el glifosato es seguro apareció online misteriosamente. La EPA rápidamente dio de baja al documento, diciendo que su evaluación aún no había sido completada, pero no antes de que Monsanto publicara una declaración que afirmaba que la EPA había emitido una “clasificación oficial” de que el glifosato era seguro. Rowland fue licenciado unos días más tarde y abandonó la EPA poco tiempo después; ahora trabaja como consultor. (El inspector general de la EPA está investigando actualmente su conducta).

Sin embargo, la EPA, bajo la administración Trump, finalmente llegó a la conclusión que Monsanto pretendía, y anunció en noviembre de 2017 su creencia de que el glifosato no es carcinógeno.

Ante la falta de intervención del gobierno, cada vez más personas que desarrollaron cáncer al igual que Johnson después de usar pesticidas basados en glifosato como Roundup están recurriendo al arbitraje civil. El juicio de Johnson fue el primero entre unas aproximadamente 5.000 demandas actualmente pendientes contra Monsanto en relación con el glifosato.

“Los tribunales son realmente la última línea de defensa,” dice Donley.

Los tribunales, sin embargo, pueden ser lentos. Monsanto planea apelar la decisión del jurado, lo que significa que Johnson, a quien los médicos creen que le queda pocos meses de vida, probablemente muera antes de que su familia vea un centavo de la corporación. Mientras tanto,

Monsanto está pagando de otras maneras. Cuando se abrió el mercado de valores el lunes posterior de la decisión del jurado, las acciones de Bayer, que adquirió Monsanto en junio, cayeron un 11 por ciento. (Una compañía australiana que fabrica un producto similar también cayó un 17 por ciento según las noticias).

“La cantidad de dinero que perdieron en la bolsa de valores hoy hubiera cuidado a todos nuestros clientes desde hace mucho tiempo”, dijo Litzenburg.