En EE.UU se condenó a la empresa por ocultar información sobre la peligrosidad del Roundup gracias a documentos desclasificados. MU los está traduciendo en una web especial que demuestra que en Argentina sucede lo mismo, o es peor.
Por Anabel Pomar
No se puede decir que Roundup no sea cancerígeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer, empleada desde 1991 en la compañía, en uno de los correos electrónicos que integran los papeles de Monsanto. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”.
El correo, enviado el 22 de noviembre de 2003, es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson, la primera persona en llevar a juicio a Monsanto acusándolo de provocar el cáncer que padece. Y la primera en conseguir que la justicia le diera la razón.
Las pruebas presentadas durante el juicio desmienten la respuesta que brinda Monsanto, ahora propiedad de Bayer, cuando asegura que sus productos a base de glifosato son seguros.
Muchas de esas pruebas que permitieron al jurado llegar a ese veredicto forman parte de lo que se conoce como los Monsanto Papers. Cientos y cientos de documentos conseguidos por la ONG de consumidores por la transparencia del sistema alimentario y la información, USRTK, a través de pedidos de información pública y por los abogados de miles de enfermos de cáncer contra el Roundup que esperan ahora su turno en corte.
El juez del distrito de San Francisco, Vince Chhabria, ordenó en marzo de 2017 la desclasificación de gran parte de la documentación presentada tanto por los querellantes como por la corporación. Así nacieron lo que se conoce como los Monsanto Papers, que se van ampliando con las nuevas pruebas, de los cerca de 8.000 casos pendientes contra la compañía, contra sus productos a base de glifosato. La información no se agota y según los propios abogados de los demandantes solo se conoce públicamente un 10% de su contenido.
MU a través del sitio especial monsantopapers.lavaca.org, un proyecto periodístico colaborativo, difunde en idioma español estos documentos, y las investigaciones periodísticas derivadas, en forma ininterrumpida desde noviembre de 2017. Consciente de lo que representa el derecho a la salud y al acceso a la información, el trabajo realizado es fundamental no solo para saltar la barrera del idioma, ya que los documentos originales están en inglés, sino para lograr contrarrestar el silencio y blindaje mediático y oficial.
Un juicio histórico
El fallo condenatorio del pasado 10 de agosto, en el caso Dewayne Johnson v. Monsanto Company, marca un antecedente judicial sin precedentes– apoyado en sólidos documentos probatorios- sobre el modo en que la empresa ocultó información e influyó sobre agencias regulatorias y el corpus científico para mantener a su producto insignia, el Roundup, en el mercado.
Luego de tres días de deliberaciones, un jurado de 12 personas – 9 de ellas mujeres- encontró a Monsanto culpable de todos los cargos. El proceso duró ocho semanas en corte. El jurado condenó finalmente a la compañía a pagar 289 millones de dólares. 250 millones, de ese total, por ocultar la peligrosidad.
El jurado encontró que la compañía actuó con “malicia” y que su herbicida Roundup, y su versión profesional RangerPro, contribuyeron “sustancialmente” a la enfermedad terminal de Dewayne Johnson, jardinero de 46 años de edad, quien se encuentra enfermo de un cáncer del sistema linfático (Linfoma no Hodgkin) tras aplicar los herbicidas en terrenos escolares durante 2 años. Usando la protección adecuada y según las indicaciones del producto, “las buenas prácticas agrícolas” no fueron suficientes para evitar su enfermedad.
En el texto del veredicto, Monsanto fue hallado culpable de actuar de manera premeditada o abusiva en ocultar el riesgo en el diseño de dos de sus herbicidas a base de Glifosato. “El Roundup Pro® o Ranger Pro® suponían posibles riesgos que se conocían o podían saberse a la luz del conocimiento científico generalmente aceptado en la comunidad científica al momento de su producción, distribución o venta”, dijeron los jueces nortemericanos.
Qué dicen los documentos
El glifosato fue clasificado en 2015 por la IARC (Agencia Internacional de Cáncer de la OMS) como genotóxico, cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en humanos. Como está documentado en los Monsanto Papers, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (EPA) deberá explicar su relación con la empresa, la decisión de continuar apoyando el mantra corporativo de inocuidad y no acompañar esa recategorización.
Brent Wisner, el abogado que representa a muchas de las víctimas del cáncer que están demandando a Monsanto, dijo que los documentos ofrecen pruebas contundentes de vínculos inapropiados entre la EPA y la compañía química en esfuerzos por evitar nuevas revisiones de seguridad tras la re categorización de la IARC. “Creo que es muy claro que los funcionarios de la EPA y los empleados de Monsanto trabajaron juntos para lograr el objetivo de detener un análisis de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, (ASTDR)”, una agencia federal de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. “Eso es colusión”, dijo Wisner. La ASTDR planeaba actualizar una revisión de seguridad del glifosato que se intuía estaría en línea con la decisión de la IARC.
El estudio fue cajoneado tras conversaciones de empleados de Monsanto y el empleado de la EPA, Jess Rowland, quien ofreció abiertamente en un mail, en abril de 2015, su disposición para frenar la revisión de la ATSDR. Rowland, que se jubiló en 2016, fue el Subdirector dentro de la División de efectos de salud de la Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la agencia ambiental. La sospechosa e íntima relación entre Rowland y Monsanto ha provocado una investigación de la Oficina del Inspector General de la EPA en EE.UU.
En los documentos está probado además que fue la propia empresa quien le escribió a la EPA los argumentos para contestar ante el requerimiento de la prensa y la opinión pública sobre su decisión de seguir sosteniendo su posición de defensa del producto luego de que la OMS señalara su peligrosidad cancerígena.
Documentos internos de esa agencia, también parte de los papeles de Monsanto, demuestran que la EPA, en marzo y abril de 2016, estaba “luchando” internamente para lograr reunir datos sobre los ingredientes que Monsanto ha utilizado comúnmente para formular sus productos herbicidas. A pesar de que Monsanto ha estado vendiendo herbicidas Roundup por más de 40 años, los documentos internos de la agencia indican que la EPA tenía poca información, suelta, parcial y desordenada sobre esas formulaciones.
Todo el esfuerzo de la compañía y su manera de operar queda en evidencia al analizar el trabajo que se realizó tras la decisión de la IARC. En los papeles está probado que Monsanto proporcionó evaluaciones supuestamente independientes para contrarrestar aquellos estudios que señalaran problemas de seguridad y así influir sobre las agencias reguladoras. Realizó papers de investigación escritos en forma fantasma (es decir ocultando sus huellas/firma en ellos) que sustentan la seguridad del glifosato. Por ejemplo, la respuesta al trabajo científico que sustentó la decisión de la IARC.
Además, Monsanto habría desarrollado una red de científicos europeos y de Estados Unidos para llevar su mensaje de seguridad del glifosato a reguladores y legisladores, sin mostrar que era la propia compañía quien lo realizaba, simulando ser independiente de la industria. Monsanto está sospechado de interferir en la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos de la UE (EFSA) para evitar que ese nuevo status de peligrosidad cancerígena avanzara en otros lugares.
Monsanto habría utilizado equipos de relaciones públicas para escribir artículos y blogs que se publican usando nombres de científicos que se proclaman independientes. Y pudo haber coordinado y alistado grupos de fachada-ataque que trabajan para desacreditar a los periodistas y científicos que publican preocupaciones relativas a la seguridad de sus productos.
La seguridad del glifosato no es una pelea de bibliotecas científicas. Lo que muestran los Monsanto Papers de manera contundente es que hay una pelea que no se libra en el terreno de la ciencia, donde investigadores llegan a distintas conclusiones y difieren en los resultados sobre la peligrosidad de un producto, sino que el fabricante de ese producto utiliza su poder de lobby y paga para fabricar su propia biblioteca de respaldo, llevando la discusión a otro terreno. “Es fraude”, dijo el abogado de Johnson. Es “malicia y opresión”, concluyó el jurado.
Otro ejemplo que muestra cómo la compañía omite datos cuando estos no favorecen su discurso es el Caso Parry o The Parry report, en inglés. El reporte es un documento de trabajo científico elaborado por el genetista James Parry, quien fue contratado por Monsanto y en cuyos resultados se encontraron indicios de daño genotóxico que sugerían ampliar el estudio. Al presentar sus conclusiones, William Heydens, Jefe de Regulaciones Científicas de la compañía, sugirió encontrar a “alguien más” (un científico que no llegara a esos resultados) ya que lo descubierto por Parry traería “muchos gastos en estudios”. “Así que simplemente no vamos a hacer esos estudios”, escribió al resto del equipo científico de la compañía.
Los Argentina Papers
En Argentina, dependiente de la cartera de Agroindustria, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) quien autoriza estos productos químicos, basado en los estudios de seguridad de las propias empresas que los producen, y en los estudios en línea con las agencias de regulación internacionales. Después del fallo de EE.UU y las múltiples pruebas domésticas sobre la peligrosidad de los productos de Monsanto, queda en evidencia que esas agencias de regulación actúan en connivencia con las empresas y no cumplen su rol de proteger la salud pública.
La pregunta es obvia: ¿Es válido seguir manteniendo la etiqueta de “inocuidad” con la que se comercializa el glifosato en nuestro país? Recordemos que Argentina ostenta el triste récord de usar al menos 350 millones de litros por año de esa sustancia, presente a su vez – según distintos estudios- en alimentos, ríos y hasta en el agua de lluvia.
En la reunión de coordinación interministerial dónde se presentaron los lineamientos de trabajo y recomendaciones para la nueva Ley Nacional de Fitosanitarios, el Ministro de Ambiente Sergio Bergman, hoy Secretario, dijo textualmente: “No seremos nosotros quienes regulemos, sino las buenas prácticas y el mercado”.
Los Monsanto Papers muestran que ese mercado oculta la peligrosidad y que admite gastos e inversiones en campañas de difamación o en el pago estudios científicos que se presentan en la literatura científica internacional como independientes para perpetuar sus ganancias.
Monsanto Argentina asegura en su página web: “En nuestro país, el glifosato está autorizado para comercializarse por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) desde 1977 y revalidado en 1999. A nivel internacional, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA), la Comisión Europea (EC) y muchos otros actores como la Organización Mundial de la Salud (OMS), coinciden en que el glifosato, cuando es utilizado de manera correcta, no presenta riesgos para la salud humana, vida silvestre o medio ambiente”. Tras el fallo, además de comentar que apelaría la decisión del jurado, volvieron a asegurar que sus productos son seguros, y hasta financiaron campañas para asegurarse los daños colaterales en la imagen de la empresa en general y del polémico herbicida en particular.
Esa misma afirmación, -que no había suficientes estudios para decir que el Roundup no es cancerígeno-, fue leída por varios empleados de Monsanto Argentina, hace casi ocho años, el 14 de diciembre de 2010. En la respuesta de correo de Stephen Adams -resultante de una cadena de mails ante un requerimiento de información desde nuestro país- destinada a responder una consulta surgida desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el 10 de diciembre de 2010, Augusto Piazza envió a Pablo Grosso de Monsanto un mail con consultas para la página de CASAFE. Allí se inicia el ida y vuelta de correos, en algunos de los cuales participa o está en copia el Presidente de Monsanto Argentina, Juan Farinati. El intercambio finaliza en esa respuesta de Stephen Adams admitiendo la falta de estudios. En esa copia final figuran como destinatarios por la filial Argentina Martín Lasarte y Diego Kavanas, entre otras personas vinculadas a la compañía.
Con el asunto Re: Response Need – Re: Glyphosate Questions (Argentina); FW: publicaciones CASAFE en la pagina, el último mail responde, entre otras, a estas preguntas: “¿Porque las fórmulas de Roundup no son cancerígenas? ¿Cuáles son sus metabolitos más relevantes y qué estudios demuestran no lo son?
Stephen Adams, Gerente Químico de Asuntos Regulatorios de Monsanto, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer (también en copia en este mail). La fórmula de su producto estrella nunca fue testeada. Solo sus componentes por separado, pero nunca la formulación final que es lo que se comercializa. Textualmente en español: “Con respecto a la carcinogenicidad de nuestras formulaciones, no tenemos realizados esa clase de testeos directamente sobre ellas, pero tenemos tales pruebas en el componente de glifosato y algunas pruebas de toxicidad extensivas en el surfactante”.
Hoy, 8 años después de ese correo (documento MONGLY01155974) el discurso público de la empresa sigue siendo el mismo.
“Sólo salen al mercado aquellos que fueron certificados como seguros para el medio ambiente y la salud humana”, se lee en el sitio de Monsanto Argentina sin informar sobre lo que la empresa sabe según el texto del email interno consignado.
Las primeras declaraciones del SENASA tras el veredicto, en nota publicada el 17 de agosto por iprofesional, desestimaron la gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió en contra de la compañía. “Se trata de un juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato”, informaron fuentes del organismo en el artículo mencionado.
“Para nosotros la seguridad de nuestros productos es fundamental. Ni una sola agencia normativa considera al glifosato cancerígeno. Las evaluaciones realizadas por autoridades reguladoras en todo el mundo durante más de 40 años lo confirman”, aseguran desde Monsanto en las cinco preguntas más habituales sobre el glifosato en su sitio web.
Los papeles de la propia compañía publicados en Monsanto Papers desmienten esa afirmación. A eso se le suman, además, las demostradas campañas para interferir o desprestigiar a la ciencia que contradiga lo que Monsanto sigue repitiendo, y los estudios “científicos” sobre toxicidad escritos de modo fantasma por los propios empleados de la empresa, que respaldan la inocuidad, y son usados como “ciencia independiente” sin admitir su firma en ellos.
Fuentes:
